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DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE LAS HIPOTECAS

 

 

Acabamos de conocer la decisión que el pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por mayoría de 15 votos frente a 13, ha tomado, y según ésta, es el cliente el que debe hacerse cargo del impuesto de actos jurídicos documentados que grava la constitución de las hipotecas, aunque aún no tenemos el texto de las resoluciones. Sin embargo hace escasos días, el 18 de octubre pasado, se publicaba la Sentencia 1505/2018 de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 2ª del Tribunal Supremo, que fallaba en favor del cliente, considerando que los impuestos derivados de la constitución de una hipoteca corren a cargo del Banco y no del cliente. Por tanto es normal que la gente se pregunte a qué se debe este cambio de postura, y la verdad es que es dificil de entender, pero paso a dar unas pinceladas del por qué se ha hecho.

 

En primer lugar, este acuerdo de la Sala Tercera se ha adoptado al amparo de lo previsto en el artículo 264 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual "1. Los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala se reunirán para la unificación de criterios y la coordinación de prácticas procesales, especialmente en los casos en que los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala o Tribunal sostuvieren en sus resoluciones diversidad de criterios interpretativos en la aplicación de la ley en asuntos sustancialmente iguales. A esos efectos, el Presidente de la Sala o Tribunal respectivo, por sí o a petición maoritaria de sus miembros, convocará Pleno jurisdiccional para que conozca de uno o varios de dichos asuntos al objeto de unificar el criterio. 2. Formarán parte de este Pleno todos los Magistrados de la Sala correspondiente que por reparto conozcan de la materia en la que la discrepancia se hubiera puesto de manifiesto. 3. En todo caso, quedará a salvo la independencia de las Secciones para el enjuiciamiento y resolución de los distintos procesos de que conozcan, s bien deberán motivar las razones por las que se aparten del criterio acordado".

 

Es decir que en base a lo anterior el Presidente de la Sala Tercera estaba legitimado para convocar el Pleno, sin embargo lo que a mi juicio y me consta que a juicio de muchas otras personas y organizaciones, entre otras, lo que no es de recibo es que los motivos a los que apeló el Presidente para convocar dicho Pleno, fueran políticos y económicos más que técnicos, como es "la enorme repercusión económica y social" del criterio adoptado por la Sección Segunda al que he comenzado haciendo referencia.

 

Por otra parte, la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo, para llegar a la conclusión de que es el Banco el que debe asumir el coste del impuesto de AJD, anula el artículo 68.2 del Reglamento sobre el Impuesto sobre Transimisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados considerándolo un "exceso reglamentario que hace ilegal la previsión contenida"en el artículo 68.2 de la norma que rige este impuesto, el Real Decreto 828/1995, que depende de cada comunidad autónoma y no de la Agencia Tributaria. Por tanto entendemos que dicho artículo no sigue vigente y por ende no puede ser invocado de nuevo para interpretar que la obligación de pago es de los prestatarios.

 

El Acuerdo del Pleno conlcuye que las Secciones de la Sala Tercera en lo sucesivo deberían desestimar los recursos planteados contra las deciiones de Tribunales inferiores que hayan resuelto que el impuesto deben pagarlo los prestatarios.

 

Así las cosas, hay que plantearse qué ocurre con los casos ya juzgados y resueltos por por la Sección Segunda. En esos casos se trataría de cosa juzgada y no podrían verse afectados por la nueva decisión.

 

No obstante, en cuanto a los gastos correspondientes a Notaría y Registro provenientes también de la formalización de hipoteca, sí corresponden a la entidad bancaria, por lo que si estás interesado en reclamar dichos gastos, ponte en contacto con el despacho de Ana Peñalosa y ella te asesorará acerca de tus posibilidades y de la forma de hacerlo.

 

 

 

 

¿COMO RECLAMAR LOS GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE TU HIPOTECA?

 

Una vez más la justicia española se pone de parte del consumidor, esta vez en relación con los gastos de formalización de la hipoteca de los consumidores, al haber sido declaradas abusivas por el Tribunal Supremo, en virtud de Sentencia número 705/2015, de fecha 23 de diciembre de 2015, las cláusulas con las que algunos bancos, como el Popular y el BBVA, imponían a sus clientes el pago de todos los gastos de formalización de hipotecas, cuando deberían asumirlos los bancos al menos una parte, ya que las entidades bancarías son las interesadas en registrar la escritura hipotecaria.

 

La sentencia 705/2015 de 23 de diciembre del Tribunal Supremo declaró abusiva la cláusula en la que el BBVA impone al prestatario el pago de todos los gastos, tributos y comisiones derivados del préstamo hipotecario, y cuyo texto es el siguiente: “Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escrituras, modificación -incluyendo división, segregación o cualquier cambio que suponga alteración de la garantía- y ejecución de este contrato, y por los pagos y reintegros derivados del mismo, así como por la constitución, conservación y cancelación de su garantía, siendo igualmente a su cargo las primas y demás gastos correspondientes al seguro de daños, que la parte prestataria se obliga a tener vigente”.

 

¿Cómo afecta la nulidad declarada por el Tribunal Supremo al resto de las hipotecas que, siendo de otro Banco o Entidad, recogen una cláusula en idéntico sentido, aunque gramaticalmente se encuentre redactada de distinta forma?.

 

Al igual que ocurrió con las cláusulas suelo, redactadas de diferente manera por los distintos Bancos o Entidades, estas cláusulas de atribución al consumidor de todos los gastos derivados de la concertación y desarrollo del contrato, serán nulas; pero para ello será necesario que el prestatario o deudor realice la oportuna reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente del Banco y, en su caso, proceda a demandar ante los Juzgados.

 

¿Cuál es la forma de proceder si el contrato contiene una cláusula por la que se atribuyen al consumidor todos los gastos, comisiones y tributos del préstamo con garantía hipotecaria?

 

En primer lugar deberá de hacerse una reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente del Banco o Entidad con quien se contrató el préstamo hipotecario.

Transcurridos dos meses desde dicha reclamación, haya contestado o no el Servicio de Atención al Cliente, y siempre que la respuesta, en caso de haberla, haya sido negativa, se podrá proceder a interponer la correspondiente demanda judicial ante el partido judicial del domicilio del prestatario o deudor o del domicilio social del Banco, indistintamente.

 

Lo que se ha de solicitar en la demanda que se plantee ante el Juzgado, será la nulidad de la cláusula por abusiva, y la restitución de los gastos abonados como consecuencia de dicho pacto, los que deberán de ir perfectamente documentados con sus correspondientes facturas. Por el tipo de procedimiento que se ha de interponer, será necesaria la intervención de Abogado y Procurador.

 

¿Qué gastos de mi hipoteca puedo recuperar?

 

Partiendo de la base de que solo se puede pedir la restitución de los gastos correspondientes a la formalización de la hipoteca, y no de la compraventa, serán objeto de reclamación los siguientes gastos:

1- Los gastos del Registro de la Propiedad: Estos gastos podrá reclamarlos, pues no debía de haberlos pagado según la sentencia del Tribunal Supremo.

¿Qué necesito para reclamar este gasto?: La factura del Registro de la Propiedad.

2- Los gastos de la Notaría en la que realizó la Escritura de Préstamo Hipotecario: El alto tribunal, entiende que la obligación de abonar dicha factura se considera abusiva y por tanto podrá reclamar este gasto de su hipoteca.

¿Qué necesito para reclamar este gasto hipotecario?: La factura de la Notaría en la que suscribió la Escritura de Préstamo Hipotecario.

 

¿Cómo reclamar los gastos de mi hipoteca? ¿Qué debo hacer ahora?

Si es tu caso,  te aplicaron injustamente los gastos de formalización de hipotecas y puedes exigir que te devuelvan esas cantidades cobradas de más.Si está pensando en reclamar dichos gastos de su préstamo hipotecario, Ana Peñalosa le explicará cómo reclamar los gastos de su hipoteca y le asesorará sin ningún compromiso para que usted tenga claro desde el principio qué cantidad puede recuperar y cuánto le costará.

 

 

 

SENTECIA GASTOS FORMALIZACIÓN HIPOTECA.p[...]
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EL TSJ DE MADRID ESTIPULA QUE LA PRESTACIÓN POR MATERNIDAD ESTÁ EXENTA DE TRIBUTAR Y OBLIGA A LA AGENCIA TRIBUTARIA A DEVOLVER LA CANTIDAD QUE SE PAGÓ EN CONCEPTO DE IRPF

 

La sentencia, publicada recientemente por el TSJ de Madrid, sólo afecta al caso concreto en litigio y no genera jurisprudencia, pero abre la puerta a que las contribuyentes que han cobrado la prestación por maternidad desde 2012 reclamen la devolución del IRPF.

Durante las 16 semanas que dura el permiso de maternidad, la Seguridad Social abona el sueldo a la madre -o en su defecto al padre, si ambos progenitores deciden compartir la baja-. Hacienda estableció que dicha prestación por maternidad debe tributar en el IRPF como rendimiento del trabajo, sin embargo, la sentencia del T.S.J de Madrid contradice ahora esa postura e incluye la renta como uno de los casos exentos de cotización.

La postura de Hacienda generó cierta polémica en su momento y esta nueva sentencia está llamada a reabrirla pese a que, como indica el propio tribunal, no genera jurisprudencia. Si bien la Agencia Tributaria puede mantener su criterio, la decisión judicial abre el marco para que prosperen nuevas demandas en este sentido.

 

¿CÓMO RECLAMAR?

 

Los contribuyentes que cobraron desde enero de 2012 prestaciones por maternidad pueden presentar ante la Agencia Tributaria una rectificación de autoliquidación del IRPF en la que soliciten la devolución de lo tributado por la prestación de maternidad. Probablemente, Hacienda denegará la petición, lo que obligaría al contribuyente a acudir al Tribunal Económico Administrativo y, después, al Tribunal Superior de Justicia de su comunidad. El proceso no es, por tanto, sencillo ni automático. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelve de hecho una solicitud de rectificación que fue denegada por la Agencia Tributaria en 2014.

 

Éste será el camino que deban seguir quienes a partir de ahora se planteen reclamar al erario público la devolución del IRPF tributado por la prestación de maternidad: los afectados deberán rendir cuentas al fisco por la prestación, tal y como establece la ley, y luego podrían acudir a la vía administrativa o judicial para tratar de recuperar la cantidad tributada.

 

 

 

REAL DECRETO 1004/2015, de 6 de noviembre, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA.

En el B.O.E. del día 7 de noviembre, nº 267, se ha publicado Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia

NUEVO REGLAMENTO PARA ADQUISICIÓN DE NAC[...]
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INFORME DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE RETROACTIVIDAD DE LA CLÁUSULA SUELO

Hace unos días se publicaba en la prensa el Informe que la Comisión Europea ha presentado al Tribunal de Justicia de la UE, que aunque no es vinculante, se pronuncia a favor de la retroactividad absoluta de la cláusula suelo, por considerar que los Tribunales Nacionales no pueden limitar el alcance que el TJUE da a una norma de Derecho de la Unión, como es la Directiva 93/13/CEE, y por tanto no procede la consideración de que los bancos condenados por cláusulas suelo abusivas, únicamente han de devolver las cantidades abonadas desde el 9 de mayo de 2013, pues ello entra en contradicción con el art. 1.303 de nuestro Código Civil, pero para saber si nos podemos beneficiar de lo que establece este informe, deberemos esperar a lo que dicte el TJUE, que aún tardará unos meses.  

 

Por otra parte el Informe considera que "los efectos de la nulidad podrían de forma excepcional, verse limitados cuando fuera necesario proteger el principio de cosa juzgada" por tanto, si ya hay Sentencia el cliente no va a poder beneficiarse de lo que dicte el TJUE y, en principio, tampoco los que hayan firmado un contrato privado con el Banco.

 

En el caso de aquellas personas que hayan iniciado un procedimiento de cláusula suelo, corren el riesgo de obtener Sentencia antes de que se pronuncie el TJUE.

 

INFORME DE LA CE.pdf
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RECIENTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO CLAUSULAS SUELO: RESTITUCIÓN DE LOS INTERESES AL PRESTATARIO

 

Aquí os dejo el documento íntegro de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo sobre la restitución de intereses al prestatario en materia de cláusula suelo. 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 25 DE [...]
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EL TRIBUNAL SUPREMO DESESTIMA EL INCIDENTE DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DE 9 DE MAYO DE 2013 SOBRE CLÁUSULA SUELO

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado este martes la nulidad de las cláusulas suelo si las entidades financieras no han informado a los clientes de forma "clara y destacada" antes de firmar el préstamo hipotecario.

Los magistrados, reunidos en pleno, han decididoconfirmar su primera resolución, dictada en mayo pasado, y rechazar el incidente de nulidad promovido por Cajas Rurales Reunidas y BBVA, al que se adhirió NCG Banco, lo que abre la vía para que las entidades de crédito acudan al Tribunal Constitucional.

 

En el recurso, las entidades argumentaban que la sentencia era incongruente por basar la nulidad de las cláusulas en la falta de transparencia y no en el "desequilibrio" entre las obligaciones de las partes alegado por Ausbanc.

La sala responde que esta asociación también alegó lafalta de conocimiento real del alcance de dichas cláusulas por parte de los consumidores y recuerda que, de hecho, las entidades de crédito defendieron la transparencia y claridad de las mismas.

Por ello concluye que "la sentencia cuya nulidad se pide no se apartó de las cuestiones debatidas en el proceso" y añade que "las partes tuvieron oportunidad de realizar alegaciones y prueba sobre las mismas y que el fallo no fue extraño a las pretensiones ejercitadas".


EL TRIBUNAL SUPREMO DECLARA NULAS LAS CLAUSULAS SUELO DE LAS HIPOTECAS EN CASO DE FALTA DE TRANSPARENCIA. 



El Tribunal Supremo ha declarado nulas las cláusulas suelo de las hipotecas sólo en los  casos de falta de transparencia, aunque no obliga a la devolución de las  cantidades satisfechas hasta el momento.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha estimado  parcialmente un recurso de casación en el que se planteaba este asunto y ha  determinado que en los tres supuestos examinados se producía esta falta de  transparencia, ha informado en una nota de prensa.

El alto tribunal, sin embargo, dictamina que su pronunciamiento no comporta  devolución de las cantidades ya satisfechas hasta el momento.

El tribunal razona asimismo que el pronunciamiento no significa la nulidad de  las denominadas cláusulas suelo cuando se cumplan los requisitos de  transparencia respecto de los consumidores.

Las cláusulas suelo son disposiciones de los contratos en las que la entidad  prestataria establece un interés mínimo que deberá satisfacer el cliente a pesar  de que el ínidice de referencia de la hipoteca, como el euribor, esté muy por  debajo de este interés. Estas cláusulas suelen situar el suelo en el 3% cuando  en la actualidad el euribor está sustancialmente por debajo del 1%.

No ha habido votos particulares al fallo. Una vez esté redactada por el  magistrado ponente, la sentencia se notificará a las partes.

La petición de declarar abusivas las cláusulas denominadas "suelo" y "techo"  de los contratos de préstamo hipotecario a interés variable procede de la  asociación de consumidores Ausbanc que tiene recurrida una sentencia de la  Audiencia de Sevilla que daba la razón al BBVA y avalaba estas cláusulas en sus  hipotecas.

El fallo se produce una semana después de que el Tribunal de Justicia de la  UE dictaminara que el régimen procesal español sobre desahucios es contrario a  las normativas europeas

 

 Ley 4/2013 de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas   

El BOE publica hoy la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que modifica un conjunto de preceptos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y que supone la actuación sobre varios conceptos, como el régimen jurídico aplicable, reforzando la libertad de pactos y dando prioridad a la voluntad de las partes, en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley.

Incide también en la duración del arrendamiento, reduciéndose de cinco a tres años la prórroga obligatoria y de tres a uno la prórroga tácita, con objeto de dinamizar el mercado del alquiler y dotarlo de mayor flexibilidad. De esta forma, arrendadores y arrendatarios podrán adaptarse con mayor facilidad a eventuales cambios en sus circunstancias personales.

También modifica la recuperación del inmueble por el arrendado  para destinarlo a vivienda permanente en determinados supuestos, que requiere que hubiera transcurrido al menos el primer año de duración del contrato, sin necesidad de previsión expresa en el mismo, dotando de mayor flexibilidad al arrendamiento.

Asimismo, se establece la previsión de que el arrendatario pueda desistir del contrato en cualquier momento, una vez que hayan transcurrido al menos seis meses y lo comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días. Se reconoce la posibilidad de que las partes puedan pactar una indemnización para el caso de desistimiento.

Esta Ley opera además una r
eforma de determinados preceptos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, al objeto de abordar las cuestiones más puntuales que están generando problemas enlos procesos de desahucio después de las últimas reformas de la anterior Legislatura.

En concreto, se vincula el lanzamiento a la falta de oposición del demandado, de tal modo que si éste no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere para oponerse o allanarse, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el juicio y producirá el lanzamiento, frente al sistema actual que impide señalar el lanzamiento hasta que no se sepa si la vista se ha celebrado o no. Estas modificaciones obligan a efectuar el ajuste de otros artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Régimen aplicable a las ayudas de los Planes Estatales de Vivienda y Renta Básica de Emancipación

A partir de la entrada en vigor de esta Ley, será de aplicación el siguiente régimen a lasayudas de subsidiación de préstamos, Ayudas Estatales Directas a la Entrada y subvenciones reguladas en los Planes Estatales de Vivienda cuyos efectos se mantengan a la entrada en vigor de esta Ley y a las ayudas de Renta Básica de Emancipación establecidas por el 
Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre:

  • a. Se mantienen las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos que se vinieran percibiendo. Asimismo, se mantienen las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos reconocidas, con anterioridad al 15 de julio de 2012, que cuenten con la conformidad del Ministerio de Fomento al préstamo, siempre que éste se formalice por el beneficiario en el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley.
    Quedan suprimidas y sin efectos el resto de ayudas de subsidiación al préstamo reconocidas dentro del marco de los Planes Estatales de Vivienda; y no se admitirán nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos que procedan de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquier otra actuación protegida de los planes estatales de vivienda.

     
  • b. Las Ayudas Estatales Directas a la Entrada que subsisten conforme a la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, sólo podrán obtenerse cuando cuenten con la conformidad expresa del Ministerio de Fomento a la entrada en vigor de esta Ley, y siempre que el beneficiario formalice el préstamo en un plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la misma.
     
  • c. Se mantienen las ayudas del programa de inquilinos, ayudas a las áreas de rehabilitación integral y renovación urbana, rehabilitación aislada y programa RENOVE, acogidas a los Planes Estatales de Vivienda hasta que sean efectivas las nuevas líneas de ayudas del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. Se suprimen y quedan sin efecto el resto de subvenciones acogidas a los Planes Estatales de Vivienda.
     
  • d. Las ayudas de Renta Básica de Emancipación reguladas en el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, que subsisten a la supresión realizada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre y por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de juliose mantienen hasta que sean efectivas las nuevas líneas de ayudas, del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
LEY DE MEDIDAS PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA Y ALQUILER SOCIAL
ley 1-2013.pdf
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EL TRIBUNAL SUPREMO Y LA CUSTODIA COMPARTIDA: consideración de la custodia compartida como una situación normal y deseable teniendo en cuaenta siempre la primacía del interés del menor.
sentencia custodia compartida.pdf
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 Sentencia 14 de marzo de 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.


La Ley evitará el desahucio hasta que una sentencia resuelva cláusulas abusivas. A partir de ahora los jueces podrán tutelar de oficio los procesos de ejecución hipotecaria, lo que permitirá dar protección a los consumidores y detener un desahucio si se observan cláusulas abusivas.

sentencia_desahucios.pdf
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desahucios.pdf
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ENTRA EN VIGOR LA LEY DE TASAS: Ley 10/2012 - BOE.es

 

 

En el orden jurisdiccional civil:

Verbal

y cambiario

 

Ordinario

 

Monitorio, monitorio europeo

y demanda incidental

en el proceso concursal

 

Ejecución extrajudicial

y oposición

a la ejecución

de títulos judiciales

 

Concurso necesario

 

Apelación

 

Casación

y extraordinario por infracción procesal

 

150 €

 

300 €

 

100 €

 

200 €

 

200 €

 

800 €

 

1.200 €

 

 

 

 

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

Abreviado

 

Ordinario

 

Apelación

 

Casación

 

200 €

 

350 €

 

800 €

 

1.200 €

 



 

 

Además, se satisfará la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala:







De

 

A

 

Tipo

%

 

Máximo variable

 

0

 

1.000.000 €

  Resto

0,5

0,25

10.000 €

 

 

 

 

 

En el orden social:

Suplicación

 

Casación

 

500 €

 

750 €

 

 

*REAL DECRETO- LEY 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios: cuyo objeto fundamental consiste en la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión. Esta medida, con carácter excepcional y temporal, afectará a cualquier proceso judicial o
extrajudicial de ejecución hipotecaria por el cual se adjudique al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos. En estos casos, el real decreto-ley, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, impide que se proceda al lanzamiento que culminaría con el desalojo de las
personas.

La suspensión de los lanzamientos afectará a las personas que se encuentren dentro de una situación de especial vulnerabilidad. En efecto, para que un deudor hipotecario se encuentre en este ámbito de aplicación será necesario el cumplimiento de dos tipos de requisitos. De un lado, los colectivos sociales que van a poder acogerse son las familias numerosas, las familias monoparentales con dos hijos a cargo, las que tienen un menor de tres años o algún miembro discapacitado o dependiente, o en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones sociales o, finalmente, las víctimas de violencia de género.